Artículo 10 - POR LA CUAL SE REGULA EL EJERCICIO DE LA ABOGACIẠ

Artículo 11. Se prohibe a los funcionarios administrativos, judiciales o del Ministerio Público el nombramiento de curadores adlitem, curadores en concurso de acreedores o en quiebras, partidores de bienes, defensores, asesores o voceros en asuntos civil, penal o administrativo a quien no tenga la condición para ejercer la abogacía o este artículo se exceptúan a los agrimensores que deban nombrarse cuando se trate de división material de bienes inmuebles.

Artículo 12. Serán competentes para conocer las infracciones por ejercicio ilegal de la abogacía de que tratan los artículos anteriores, los jueces de circuito de lo penal. Cualquier persona podrá denunciar las infracciones que cometan por razón del ejercicio ilegal de la abogacía.

Artículo 13. Los abogados que presten servicios como funcionarios regulares, o como asesores jurídicos o consultores en cualquier dependencia del Estado o de los Municipios, o que actúen en dichas calidades bajo contrato y que, por razón de sus funciones, tengan que expedir autorizaciones, opiniones, permisos, o con el Ministerio, entidad o dependencia oficial a la cual presten sus servicios. El abogado que contravengan esta disposición será sancionado con la pena de suspensión de conformidad con lo establecido en el Capítulo V de la presente Ley.