Artículo 77 - GENERAL DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES Y MATERIALES RELACIONADOS.

Artículo 78. Requisitos para la reparación. La reparación de armas de fuego deberá realizarse en talleres autorizados, regentados o supervisados por armeros idóneos. Para estos efectos, las personas naturales o jurídicas titulares de una licencia o certificado vigente de armas de fuego que requieran repararlas deberán presentar al propietario del taller de armería copia simple de la licencia o certificado respectivo, expedido por la DIASP, con su original para cotejo y copia simple de la cédula de identidad personal, junto con el arma de fuego. El dueño del taller de armería estará obligado a llevar un libro de control con el detalle de las armas recibidas para mantenimiento o reparación, con indicación de las generales de sus propietarios. En caso de que se efectúe la reparación de un arma de fuego que no esté amparada en un certificado de tenencia o licencia de porte de arma de fuego, se procederá a la cancelación del resuelto del taller de armería y al decomiso del arma de fuego, sin perjuicio de la responsabilidad penal para el propietario o el gerente o administrador del taller, por tenencia ilegal de armas.

Artículo 79. Prohibición de modificación. Se prohíbe a los talleres de armería, así como a los armeros idóneos, profesionalmente dedicados a la reparación y mantenimiento de armas de fuego, la instalación de piezas y/o la realización de modificaciones a cualquier arma de fuego, de manera que sus mecanismos o características técnicas resulten alteradas para que puedan disparar de forma automática mediante ráfagas o ametrallamiento o emplearse para disparar o adosarse a elementos de guerra o para realizar disparos de manera silenciosa.

Artículo 80. Causales de denegación de la solicitud. Son causales para la denegación de la solicitud de licencias de funcionamiento de las armerías y polígonos de tiro las siguientes: 1. No cumplir con todos los requisitos técnicos y de seguridad establecidos en esta Ley y en su reglamento. 2. Que el solicitante, alguno de los directivos o accionistas o el representante legal haya sido condenado mediante sentencia en firme por autoridad judicial competente por la comisión de delitos contra la vida y la integridad personal, delitos contra la libertad, delitos contra la libertad e integridad sexual, delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil, delitos contra el patrimonio económico, delitos contra la seguridad colectiva, delitos contra la personalidad jurídica del Estado o delitos contra la humanidad.