Artículo 11 - QUE ESTABLECE EL MARCO REGULATORIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL INTERCAMBIO DE INFORMACION PARA FINES FISCALES Y DICTA OTRA DISPOSICION. (RECORD POLICIVO / CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PERSONALES).

Artículo 12. En todos los casos no previstos en el artículo anterior, con respecto a cada cuenta reportable, la institución financiera panameña sujeta a reportar estará obligada a reportar la información siguiente a la autoridad competente: 1. El nombre, dirección, jurisdicción de la residencia, TIN, fecha y lugar de nacimiento, en el caso de una persona natural, de cada persona reportable que sea cuentahabiente de la cuenta y, en el caso de una entidad que sea cuentahabiente y que, después de aplicar los procedimientos de debida diligencia establecidos, esté identificada por tener una o varias personas que ejercen el control que sean, a su vez, personas reportables, el nombre, dirección, jurisdicción de residencia y TIN de la entidad y el nombre, dirección, jurisdicción de residencia, TIN, fecha y lugar de nacimiento de cada persona reportable. 2. El número de cuenta o elemento funcional equivalente en ausencia de número de cuenta. 3. El nombre y número de identificación de la institución financiera panameña sujeta a reportar. 4. El balance o valor de la cuenta, incluyendo, en el caso de un contrato de seguros con valor en efectivo o un contrato de renta vitalicia, el valor en efectivo o valor por cancelación al final del año calendario correspondiente o si la cuenta fue cerrada durante dicho año, hasta el momento de su cancelación. 5. En el caso de una cuenta en custodia: a. El importe bruto total en concepto de intereses, el importe bruto total en concepto de dividendos y el importe bruto total en concepto de otros ingresos generados en relación con los activos depositados en la cuenta, pagados o debidos en la cuenta o en relación con la cuenta durante el año calendario. b. El producto bruto total de la venta o redención de propiedad pagada o acreditada a la cuenta durante el año calendario pertinente con respecto al cual la institución financiera panameña sujeta a reportar actuó como custodio, corredor, agente designado u otro intermediario en representación del cuentahabiente. 6. En el caso de una cuenta de depósito, el importe bruto total de intereses pagados o acreditados a la cuenta durante el año calendario pertinente. 7. En los casos de cuentas no descritas en los numerales 5 o 6, el monto bruto total pagado o acreditado al cuentahabiente respecto de la cuenta durante el año calendario con respecto al cual una institución financiera panameña sujeta a reportar es la obligada o deudora, incluyendo el importe total de cualesquiera pagos por redención realizados al cuentahabiente durante el año calendario. El Órgano Ejecutivo está facultado para determinar las excepciones aplicables a la lista anterior, así como la definición de los conceptos indicados en este artículo.

Artículo 13. Las instituciones financieras panameñas sujetas a reportar podrán recurrir a empresas de cumplimiento para la ejecución de las obligaciones establecidas en los artículos 7 y 8, siempre que las leyes o regulaciones particulares aplicables a cada sector no dispongan lo contrario. En los casos previstos en el párrafo anterior, la institución financiera panameña sujeta a reportar será igualmente responsable por las obligaciones establecidas en esta Ley. Reglamentariamente, el Órgano Ejecutivo determinará los criterios que deben comprender las medidas establecidas en este artículo.

Artículo 14. Toda información y documentación recibida por la autoridad competente en virtud de esta Ley y sus reglamentos, así como de convenios, reviste de carácter confidencial, secreto y de uso exclusivo y privativo de la autoridad competente y, por ninguna circunstancia, podrá hacerla trascender, salvo con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en esta Ley y los convenios. La información y documentación recibida en virtud de convenios deberán ser custodiadas en las oficinas de la autoridad competente y deberán ser destruidas después de transcurrir siete años de haber sido recibida y/o utilizada por la autoridad competente.