Artículo 22 - QUE ESTABLECE EL MARCO REGULATORIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL INTERCAMBIO DE INFORMACION PARA FINES FISCALES Y DICTA OTRA DISPOSICION. (RECORD POLICIVO / CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PERSONALES).

Artículo 23. Los entes de supervisión aplicarán las siguientes sanciones a las instituciones financieras que incumplan las obligaciones establecidas en esta Ley: 1. Multa desde cinco mil balboas (B/.5 000.00) hasta veinticinco mil balboas B/.25 000.00), cuando la institución financiera panameña sujeta a reportar no haya establecido el conjunto de políticas, procedimientos y estructuras de controles internos, según lo dispuesto en el artículo 6 de la presente Ley y sus reglamentos. 2. Multa desde cinco mil balboas (B/.5 000.00) hasta cincuenta mil balboas (B/.50 000.00), cuando la institución financiera panameña sujeta a reportar no lleve a cabo el procedimiento de debida diligencia, según lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la presente Ley y sus reglamentos.  3. Multa desde diez mil balboas (B/.10 000.00) hasta cincuenta mil balboas (B/.50 000.00), cuando la institución financiera panameña sujeta a reportar, una vez llevado a cabo el procedimiento de debida diligencia, según lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la presente Ley y sus reglamentos, detecte una cuenta reportable y omita realizar el reporte o incluya información falsa en su reporte. 4. Multa desde cinco mil balboas (B/.5 000.00) hasta veinticinco mil balboas (B/.25 000.00), cuando la institución financiera panameña sujeta a reportar no realice la presentación del reporte a que se refiere el artículo 10. 5. Multa desde diez mil balboas (B/.10 000.00) hasta cincuenta mil balboas (B/.50 000.00), cuando la institución financiera panameña sujeta a reportar no mantenga los registros de la información y documentación a que hace referencia el artículo 9 o incumpla el periodo mínimo de cinco años.

Artículo 24. En la determinación de las infracciones y la aplicación de las sanciones previstas en esta Ley se observará lo dispuesto en el Código Fiscal sobre el procedimiento fiscal ordinario.

Artículo 25. El artículo 18 de la Ley 69 de 2007 queda así: "Artículo 18. La presentación del Certificado de Información de Antecedentes Personales que expida la Dirección de Investigación Judicial no podrá exigirse para solicitudes de empleo, salvo que se trate de alguno de los siguientes servicios y empleos: 1. Bancarios, financieros o de valores. 2. Transporte aéreo. 3. Vigilancia o seguridad privada. 4. Manejo y control de explosivos. 5. Guarda y custodia de personas menores de edad. 6. Actividad docente y de transporte colegial. 7. Oficios domésticos. 8. Funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas que laboren en las direcciones y unidades administrativas siguientes: a. La Dirección General de Tesorería. b. La Dirección General de Ingresos. c. La Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos. d. La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros. e. La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos. f. La Junta de Control de Juegos. El Certificado de Antecedentes Personales que se expida para estos servicios o empleos se hará libre de costos."