Artículo 27 - QUE CREA EL MECANISMO NACIONAL PARA LA PREVENCION DE LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES.

Artículo 28. Otros expertos. El Mecanismo Nacional para la Prevención contará con el apoyo de otros expertos de la sociedad civil, que no ocupen cargos públicos, recomendados por el Consejo Consultivo en atención a su idoneidad para que colaboren con el Mecanismo Nacional para la Prevención en las áreas de intervención para las que fueron designados. Los expertos participarán en la planificación anual y en la formulación presupuestaria del Mecanismo Nacional para la Prevención. Esta forma de participación será regulada en la reglamentación de esta Ley.

Artículo 29. Acompañamiento de personal de la Defensoría del Pueblo. Cuando así lo considere necesario, el Mecanismo Nacional para la Prevención coordinará con las direcciones y departamentos de la Defensoría del Pueblo para solicitar apoyo de profesionales cuya experiencia y conocimiento especializado sea necesario para fundamentar sus informes y realizar sus labores de prevención.

Artículo 30. Requisitos. Para ser director nacional y subdirector nacional del Mecanismo Nacional para la Prevención se requiere: 1. Ser de nacionalidad panameña. 2. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 3. Ser mayor de treinta y cinco años de edad. 4. No haber sido condenado por delito doloso. 5. Tener compromiso con los valores democráticos, solvencia moral y prestigio reconocido, incluyendo no haber sido sancionado moral, éticamente o según el Capítulo IX de esta Ley. 6. Ser profesional en cualquiera de las ciencias humanas, sociales, jurídicas, de la salud física y mental, entre otros, que guarden relación con los ámbitos profesionales presentes o necesarios para prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en los centros de privación de libertad. 7. Tener experiencia mínima de cinco años, en algunos de los campos siguientes: derechos humanos, administración de justicia, en los derechos de las personas privadas de libertad, en la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en investigación criminal, justicia juvenil, protección de grupos en situación de vulnerabilidad o en la rehabilitación de víctimas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.