Artículo 4 - POR LA CUAL SE CREA UN PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO Y SE INCENTIVA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL, MEDIANTE PARTICIPACION PUBLICA Y PRIVADẠ

Artículo 5. Mediante el consorcio o sociedad accidental para el desarrollo urbano, una o varias personas naturales o jurídicas, de derecho privado, y una o más entidades de derecho público, se asocian para el desarrollo de proyectos específicos, las cuales actuarán conforme a las disposiciones establecidas en la presente Ley y en las normas que las reglamentan o desarrollen.

Artículo 6. Cualquier entidad pública que tenga bienes inmuebles que puedan ser utilizados en programas de desarrollo urbano, deberá acordar con el Ministerio de Vivienda los términos y condiciones para su utilización dentro del marco de esta Ley. En este caso, los acuerdos de transferencia para el uso de estos bienes inmuebles deberán ser autorizados por el Consejo Económico Nacional (CENA), o por el Consejo de Gabinete, según sea el caso. Se exceptúa de la aplicación de esta disposición a la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI).

Artículo 7. El Estado, a través de su entidad facilitadora podrá participar, en el consorcio o en la sociedad accidental, como miembro, así como también constituyendo un fideicomiso. En ambos casos la participación será directa y proporcional a su aporte en tierras, planos o mejoras existentes, el cual será definido de acuerdo con la normas del Código Fiscal.