Artículo 53 - QUE ESTABLECE LAS NORMAS PARA LA REGULACION Y SUPERVISION DE LOS FIDUCIARIOS Y DEL NEGOCIO DE FIDEICOMISO Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.
Ley 21 del año 2017
República de Panamá
Artículo 53. Obligaciones del liquidador. Durante el periodo de liquidación voluntaria el liquidador o los liquidadores estarán obligados a:1. Informar a la Superintendencia de Bancos sobre el curso de la liquidación con la periodicidad que esta determine.2. Notificar a la Superintendencia de Bancos si determina que se ha concretado alguna causal que dé lugar a la toma de control administrativo y operativo del negocio fiduciario.
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Artículo 54. Bienes y valores no reclamados. Los bienes y valores no reclamados se liquidarán y venderán en bolsa o subasta privada, según corresponda, una vez transcurrido el primer año, debiéndose depositar el fruto de la venta en el Banco Nacional de Panamá a nombre del titular. Asimismo, si al terminar la liquidación existieran créditos o fondos no reclamados, el liquidador los depositará en el Banco Nacional de Panamá a nombre de su titular. Si el proceso de liquidación hubiera concluido y no fuera posible devolver los fondos al fiduciario o a sus accionistas, se notificará a la Superintendencia de Bancos de la existencia de dichos fondos, los cuales se depositarán en el Banco Nacional de Panamá. Tratándose de bienes o dineros de fideicomitentes o beneficiarios, se cumplirá el mismo procedimiento. En todos los casos anteriores, el Banco Nacional de Panamá estará obligado a restituir a sus dueños los fondos correspondientes, siempre que sean reclamados dentro de los diez años siguientes a la fecha en que fueron traspasados, pero la restitución se hará sin intereses. Una vez transcurrido dicho plazo, los fondos serán traspasados al Tesoro Nacional.
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Artículo 55. Fin de la liquidación voluntaria. Culminado el proceso de liquidación, de acuerdo con el plan de liquidación aprobado por la Superintendencia de Bancos, el liquidador presentará una declaración jurada en la cual exprese que se ha cumplido con los contratos de fideicomiso, ya sea porque se han extinguido o bien porque se ha sustituido el fiduciario. En ambos casos, deberá presentar constancia del finiquito. Cumplido lo anterior, se cancelará la licencia fiduciaria respectiva. De quedar fideicomisos pendientes, el liquidador deberá gestionar la cesión a otra entidad fiduciaria de los fideicomisos, en las mismas condiciones en que fueron contratados. De no lograr la cesión de los fideicomisos pendientes en las mismas condiciones que fueron contratados y que no sea posible localizar al fideicomitente, podrá traspasarlos a otra entidad fiduciaria, variando en lo necesario las condiciones. No obstante, deberá presentar ante la Superintendencia de Bancos las constancias de sus gestiones. Una vez notificada la resolución mediante la cual se cancela la licencia, la Superintendencia de Bancos procederá de inmediato a remitir copia de la resolución al director general del Registro Público, a fin de que se anote la marginal sobre la cancelación de la licencia fiduciaria y el liquidador procederá a publicar la resolución en un diario de circulación nacional por tres días hábiles consecutivos.
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Artículo 56. Toma de control administrativo y operativo del fiduciario y del negocio fiduciario. Si con base en la información que obra en su poder, el superintendente de Bancos determina que existe un deterioro o debilidad operativa, administrativa o financiera del negocio fiduciario, a su criterio, podrá asumir el control administrativo y operativo del fiduciario y del negocio fiduciario, mediante resolución motivada, incluyendo la posesión de los bienes de la empresa fiduciaria y el ejercicio de su administración, de conformidad con las causales establecidas en el artículo siguiente, para la mejor defensa de los intereses de los clientes y acreedores. El administrador designado ejercerá la representación legal de la fiduciaria. En los casos en que la Superintendencia de Bancos no tome el control administrativo y operativo de la empresa fiduciaria, los reclamos contra esta se someterán a lo dispuesto en el Código de Comercio, ante la jurisdicción ordinaria.
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