Artículo 7 - QUE ORDENA LA PRESERVACION DE LOS BIENES REVERTIDOS, PRODUCTO DE LA EJECUCION DEL TRATADO DEL CANAL DE PANAMA DE 1977, BAJO CUSTODIA, APROVECHAMIENTO Y ADMINISTRACION DE LA AUTORIDAD DE LA REGION INTEROCEANICA, USADOS PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS,...

Artículo 8. Cada patronato contará con una junta directiva compuesta por: 1. Un presidente 2. Un vicepresidente 3. Un secretario 4. Un tesorero 5. Un vocal. Sus dignatarios serán electos por votación nominal abierta y por mayoría simple entre los miembros que lo conforman, para un periodo de un año, reelegible por una sola vez. El representante legal del patronato será su presidente. Las funciones y responsabilidades de los dignatarios se establecerán en el Reglamento Interno. Parágrafo. La representación legal de los patronatos será ejercida por el presidente y, en caso de ausencia absoluta, licencia o incapacidad, por el vicepresidente.

Artículo 9. La Autoridad de la Región Interoceánica deberá considerar, dentro de su proyecto de presupuesto correspondiente al año fiscal siguiente a la vigencia de la presente Ley, un capital semilla para el desarrollo de los bienes a que se refiere esta Ley. Todos los fondos públicos que el Estado asigna a los patronatos deberán ser fiscalizados por la Contraloría General de la República.

Artículo 10. La Autoridad de la Región Interoceánica podrá traspasar el dominio de los bienes a que se refiere la presente Ley, al Ministerio de Economía y Finanzas para que a su vez lo traspase, asigne o dé en concesión al Instituto Nacional de Deportes, al Instituto Nacional de Cultura, a los municipios, a las juntas comunales o al Ministerio de Educación, o para que dé su concesión a personas jurídicas, tales como fundaciones, asociaciones, organizaciones no gubernamentales o clubes cívicos, recreativos o deportivos. La Autoridad de la Región Interoceánica y el Ministerio de Economía y Finanzas cuidarán de que se incluya, en la correspondiente resolución de asignación, concesión o traspaso, una cláusula condicional que garantice que las instalaciones o bienes se mantendrán abiertos para el beneficio del público y de la población interesada, según la capacidad de la instalación.