Artículo 80 - QUE DEFINE Y REGULA LOS DOCUMENTOS ELECTRONICOS Y LAS FIRMAS ELECTRONICAS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO TECNOLOGICO DE DOCUMENTOS Y DE CERTIFICACION DE FIRMAS ELECTRONICAS Y ADOPTA OTRAS DISPOSICIONES PARA EL DESARROLLO DEL COMERCIỌ..

Artículo 81. Obligación de colaboración. Los prestadores de servicios comerciales a través de Internet tienen la obligación de facilitar a la Dirección General de Comercio Electrónico toda la información técnica requerida y colaboración requerida en el ejercicio de sus funciones. Igualmente, deberán permitir a los agentes o al personal de supervisión de la Dirección General de Comercio Electrónico el acceso a sus instalaciones y la consulta de cualquier documentación técnica relevante para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 82. Régimen de prestación de servicios. La prestación de servicios comerciales a través de Internet no estará sujeta a autorización previa y se promoverá la libertad de prestación de servicios, libre competencia, neutralidad tecnológica, compatibilidad internacional y equivalencia funcional.

Artículo 83. Restricciones a la prestación de servicios. Las autoridades competentes, en ejercicio de sus funciones y a través de resolución motivada, podrán solicitar a la Dirección General de Comercio Electrónico la adopción de medidas necesarias para que se interrumpa la prestación de un servicio comercial a través de Internet cuando existan fundamentos suficientes para demostrar que dicho servicio atenta o puede atentar contra: 1. La salvaguarda del orden público y la seguridad pública. 2. La protección de la salud pública o de las personas físicas que tengan la condición de consumidores o usuarios, incluso cuando actúen como inversionistas. 3. El respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad o cualquier otra circunstancia personal o social. 4. El debido proceso, en cualquiera de las jurisdicciones judiciales y administrativas. 5. La protección de la juventud y de la infancia. 6. Las legislación vigente en materia de protección al consumidor. 7. La violación de toda disposición legal. La autoridad que ordene mediane resolución motivada las medidas de restricción a que alude este artículo respetará, en todo caso, las garantías, las normas y los procedimientos previstos en la legislación para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la protección de los datos personales, a la libertad de expresión y a la libertad de información, cuando estos pudieran resultar afectados. Si para garantizar la efectividad de la resolución que establezca la interrupción de la prestación de un servicio comercial a través de Internet o la eliminación de datos procedentes de un prestador establecido en otro Estado, la autoridad competente estimara necesario impedir su acceso desde la República de Panamá, podrá ordenar a los prestadores de servicios de intermediación establecidos en el territorio nacional, mediante solicitud motivada, que tomen las medidas necesarias para impedir dicho acceso. Las medidas de restricción a que hace referencia este artículo serán objetivas, proporcionadas y no discriminatorias, y se adoptarán de forma o en ejecución de las resoluciones que se dicten, conforme a los procedimientos administrativos legalmente establecidos.